Por Gustavo Vergara, encargado del Núcleo de Economía de la Dirección de Estudios, fundación Territorios Colectivos.

En este último mes, ya con el resultado del plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución consumado, digerido y casi asimilado, quisiera dedicarle un minuto a quienes me han manifestado que se decidieron a votar Rechazo debido a la inflación, a la delincuencia, la migración descontrolada o al, mal llamado, conflicto mapuche. Una serie de argumentos que poco tenían que ver con lo que realmente se estaba decidiendo en la votación del 4 de septiembre.

Muchos fueron los factores que influyeron en el resultado del plebiscito, desde un texto que proponía profundos cambios a una sociedad principalmente conservadora, las conductas de algunos integrantes de la convención, la incapacidad de la centro izquierda de acercar posturas con la derecha moderada, la potente campaña comunicacional del Rechazo, con integrantes dentro de la convención tratando de boicotear e instalando mentiras en los medios de comunicación, quienes no tuvieron la capacidad o el interés de desmentirlas, además, del gran financiamiento para la campaña hiper segmentada en redes sociales, basada en las bases que se le filtraron al Servel, que le permitió al Rechazo instalar fake news a todo nivel en nuestra sociedad, modelo de campaña aprendido desde el Brexit y que ha sido adoptado por las candidaturas presidenciales populistas de extrema derecha en todo el mundo.

Quisiera revisar más detenidamente el voto contra el poder establecido, el que Rechazó para manifestar un descontento con la situación actual del país, culpando de esto al gobierno del presidente Boric, en vez de salir a decidir cuál era el modelo de sociedad que queríamos para las próximas décadas en Chile. Lo primero en señalar es que, independiente de que pueden tener toda la libertad de manifestarse de esa forma, esencialmente esas personas lo que hicieron fue mezclar peras con manzanas.

Primero, porque si estaban contra la inflación, la delincuencia, la falta de orden y control en la sociedad, y la incertidumbre que todo esto ha traído a los empleos y la inversión, entonces la opción más racional era haber votado por una propuesta de constitución que avanzaba en una base social de seguridad, con un sistema de salud donde podías ser atendido, evaluado y luego derivado a tratamiento, gratis; te aseguraba una pensión aunque tu sueldo fuera bajo, tu empleo intermitente o, incluso, nunca recibieras sueldo por dedicarte a cuidar de otro; en que se combatía fuertemente la colusión, la especulación y todas aquellas prácticas poco transparentes que inflan artificialmente los precios de los bienes básicos de consumo, como lo hicieron las farmacias, los productores de pollos o las compañías de papel higiénico; que avanzaba en educación gratis y de calidad, descentralización, incluso en ciberseguridad, y que entregaba mecanismos para seguir modificándola según fuera necesario, de manera democrática.

Segundo, porque los problemas a los que se oponen tienen variadas causas u orígenes, algunos fueron provocados por la falta de gestión de gobiernos anteriores como, por ejemplo, el problema migratorio, que habría comenzado en el segundo gobierno de Bachelet, pero que según cifras filtradas en el reciente hackeo a Carabineros y el Ejercito, el ingreso de personas al país de manera ilegal se habría descontrolado durante el gobierno de Piñera; o como el conflicto en la Araucanía, que ha sido abandonado por algunos gobiernos, criminalizado por otros, y que terminó siendo transformado en campaña contra el terrorismo por el gobierno de Piñera, quien escaló aún más el conflicto con la formación del comando jungla, que se enfocó en reprimir comunidades en reclamación de terrenos, mientras la inteligencia perseguía movimientos ambientalistas y ollas comunes, como sabemos hoy por la filtración de correos de Carabineros, en vez de perseguir el asentamiento del crimen organizado en torno al robo de madera, lo que permitió el surgimiento de grupos más radicalizados, mayores atentados, tráfico de armas, drogas y sicariato. 

Otros problemas se producen justamente porque son legales gracias a la constitución que nos rige desde 1980 como, por ejemplo, el alza de precios en los planes de salud de las isapres, que habían sido congelados porque la justicia determinó que no habían informado de manera adecuada y a tiempo a sus cotizantes, problema que ya solucionaron mandando un mail informativo, procediendo así a la perfectamente legal alza de precios; o como el sistema de AFP que se reparte $79 mil millones de pesos en utilidades (solo AFP Provida), el mismo mes en que todos los fondos perdieron nuestros ahorros; o la mega sequía que aun azota Petorca, donde tiene derechos de agua para sus plantaciones de paltos la familia Walker, de la cual viene el senador DC que fue un gran promotor del Rechazo. Todos problemas ante los cuales el gobierno no tiene nada que hacer pues es el sistema que permite la constitución actual, donde asuntos tan relevantes para la vida como la salud, la pensión de vejez o incluso el agua, pueden ser entregados a la gente bajo criterios de mercado, es decir, si tienes recursos, puedes adquirirlos en cantidad y calidad, si no, NO.

Hay problemas por los cuales se culpa al gobierno y que incluso son producto de situaciones internacionales, como la inflación que se produce por el aumento de los precios de alimentos e hidrocarburos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que se sumó a los conflictos de las cadenas de abastecimiento internacionales pues debido a la pandemia muchas se retrasaron, cerraron o dejaron de existir, más la subida de la tasa de interés del banco central de estados unidos  ante su propia crisis económica, que disparó el dólar a nivel mundial y, en parte, al mal manejo de las ayudas económicas en pandemia en Chile donde el primer año el gobierno de Piñera no entregó apoyos a tiempo, permitiendo la suspensión de contratos, dejando que los trabajadores gastaran su seguro de cesantía para luego igualmente ser despedidos, forzando a la modificación de la constitución que permitió el retiro de fondos de la AFP como último recurso ante las protestas por  hambre en las poblaciones, para luego, durante un segundo año de pandemia y ante la proximidad de elecciones, entregar apoyos de manera indiscriminada, inundando de efectivo la economía.  

Sin embargo el gobierno de Gabriel Boric da una muy clara señal con el primer presupuesto presentado al Congreso, cuyo diseño busca resolver los problemas concretos de las personas, con una sólida base de responsabilidad fiscal, para  lo cual serán fundamentales los recursos que generará la reforma tributaria que hoy se discute en el parlamento.

El proyecto de presupuesto 2023 incorpora un aumento en el gasto público de un 4,2%, donde el aparato estatal buscará contener la crisis económica impulsando la reactivación económica, expandiendo la inversión pública un 5,5% permitiendo la creación de más de 200.000 nuevos empleos.

Priorizando infraestructura para el desarrollo como el plan de trenes para Chile, un plan de emergencia habitacional con foco en subsidios y construcción de viviendas, subsidio laboral, subsidio para padres y madres trabajadoras, ingreso mínimo garantizado y subsidio al precio de la canasta de alimentos. Además, aumentará el gasto en seguridad pública un 4,4% y se aumentarán los fondos en seguridad social un 8% los que financiaran la inversión para enfrentar las listas de espera en cirugías y atención oportuna de salud, además de expandir la cobertura de la pensión garantizada universal al 90% de los mayores de 65 años que tendrán una pensión garantizada de $193.917

Con este presupuesto para el año 2023, el gobierno busca hacerse cargo de los programas e instituciones que permitían la presencia del estado en las poblaciones, en las zonas rurales, en las fronteras, en la infraestructura y en la entrega de servicios que son necesarios y urgentes de reconstruir para formar la base social de seguridad que fue abandonada por el gobierno anterior, desprotegiendo a los ciudadanos y permitiendo el avance de la delincuencia, dando espacio incluso al ingreso de bandas de crimen organizado internacional.

Debemos tener en consideración que este esfuerzo se enmarca sólo en el ejercicio del año 2023 y se espera que siga una línea similar en los siguientes años del gobierno de Boric pues se encuadra en lo que fueron las promesas de campaña y el plan de gobierno, sin embargo, estas prioridades cambiarán según el gobierno de turno mientras no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cuál será la constitución que encauce el proyecto país para el siglo XXI, o al menos definir si seguiremos viviendo en un estado subsidiario, donde usted es consumidor y compra la educación, salud y vejez que puede, o el estado social y democrático de derecho donde usted es ciudadano.