La ONU llamó a Chile a «profundizar sus esfuerzos» para abordar violaciones a los DDHH y tildó excesivo el uso de la prisión preventiva

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur de Naciones Unidas (ONU) manifestó que Chile debe “profundizar sus esfuerzos” para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, expresó que, como entidad, “valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”.

Entre tales obstáculos, según el informe de seguimiento al documento demandado en 2019 y que fue presentado este lunes, se identifica que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas.

“Una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de derechos humanos”, explicó Jarab.

Por otra parte, la introducción de la Ley Antibarricadas, la propuesta que busca que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, y el proyecto que pretende eximir de responsabilidad penal a funcionarios que utilizan su arma de servicio dependiendo de las circunstancias, están entre las ideas «problemáticas» para el organismo.

Si bien observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios, la ONU advierte «el uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas –sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químicos», además de ocasiones en que carabineros «no prestaron asistencia a personas heridas».

Valorando la actualización de protocolos que rigen el uso de la fuerza desde la policía uniformada, el documento sostiene que los reglamentos en desarrollo «aún deben ser armonizados con el derecho internacional y las normas internacionales».

También rechaza el «hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas«, con Jarab llamando a proteger su labor «aunque pueda ser incómoda para la autoridad».

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