Investigan por tráfico de armas a Bolivia al ex presidente Macri

Un fiscal argentino pidió este viernes iniciar una investigación contra el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y otros miembros de su gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia para reprimir las protestas sociales de ese país en 2019, al hacer lugar a una denuncia presentada por gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal Claudio Navas confirmó a EFE que, en concreto, solicitó al juez en lo penal económico Javier López Biscayart que se impulse una investigación criminal por los delitos de contrabando “agravado por el numero de personas, por haber presuntamente participado funcionarios públicos y por ser armas de guerra”.

Además de Macri, Navas imputó a su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y al de Defensa, Óscar Aguad; así como al ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García y tres funcionarios de Gendarmería.

El lunes pasado, el actual gobierno, que asumió en diciembre de 2019 tras vencer a Macri en las elecciones de octubre, presentó una denuncia penal por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios de forma paralela a la asunción de Jeanine Áñez como presidenta el 12 de noviembre de 2019, toma de poder que Argentina considera fue un golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales.

Esa denuncia, que busca determinar si esos ex funcionarios enviaron de forma ilegal municiones para reprimir las protestas tras la salida Morales, recayó en manos del fiscal, quien decidió dar impulso a la presentada por el Gobierno.

Según especificó Navas, la imputación contra los miembros de Gendarmería es por ser quienes habrían llevado a cabo el traslado del armamento; mientras que a Bullrich es por supuestamente ordenar ese envío; a Aguad por brindar apoyo con el avión para el traslado y al ex embajador por ser a quien el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros dirigió una carta de agradecimiento por el material recibido.

En tanto, a Macri se le acusa porque ese procedimiento debía requerir de un conocimiento “directo o indirecto” del ex mandatario, porque ejercía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ahora, el juez deberá decidir si acepta iniciar la investigación y las medidas de prueba solicitadas por el fiscal, entre ellas la posibilidad de unir la denuncia presentada por el gobierno con otra similar que presentó un exmagistrado, o si de lo contrario decide archivar la causa por entender que no existe delito.

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