Fiscalia Nacional ofició al Minsal por fallas en certificación de muertes domiciliarias

El fiscal nacional Jorge Abbott ofició al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para solicitar a los diversos establecimientos de salud del país la emisión oportuna de certificados médicos de defunción en los casos de muerte por enfermedad en domicilios.

Según informó radio Bío Bío, en el documento fechado el 3 de junio, el fiscal Abbott señala que “se han advertido dificultades en la certificación de la muerte que deben efectuar los Servicios de Salud en contexto de enfermedad, tratándose de fallecimientos domiciliarios”.

“Se han reportado casos de negativa por parte de los Servicios de Salud a emitir dichos certificados en tales circunstancias. Ante ello, los familiares o personas cercanas a los fallecidos contactan a los funcionarios policiales, quienes se comunican con la Fiscalía para pedir instrucciones”, añade.

Abbott explica que este proceder no es pertinente, pues se trata de hechos que no tienen relación con delitos y que, por tanto, no son competencia del Ministerio Público, señalando que la Fiscalía solo tiene competencia en casos de muertes donde se sospecha intervención de terceros.

En ese sentido, menciona que resulta “indispensable que el personal de salud responsable de la certificación de la muerte por enfermedad lo tenga en consideración, sobre todo en las circunstancias que enfrenta actualmente el país”.

Asimismo, el fiscal nacional indica que debido a la falta de certificación médica, han existido casos donde la realización de autopsias ha quedado en manos del Servicio Médico Legal previa orden de los fiscales, “sin que aquello corresponda a una muerte por intervención de terceros”.

“Mantener esta situación actualmente resulta insostenible, a la luz de la cantidad de fallecidos y de los limitados recursos materiales y humanos existentes en este ámbito, los que especialmente en tiempos de catástrofe resulta indispensable racionalizar”, agrega.

Además, Abbott solicita al ministro de Salud que designe coordinadores en materia de certificación de defunciones para cada Servicio de Salud del país, con motivo de que los fiscales y las policías tengan comunicación directa para abordar estos casos.

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